PREOCUPACIÓN POR LA CRECIENTE OLA DE ROBO DE TRANSFORMADORES DE ENERGÍA

Se produce mayormente en zonas rurales, donde no hay cámaras de seguridad. El objetivo: hacerse del cobre para su posterior venta en el mercado negro. Las pérdidas para la distribuidora de energía son millonarias, y el riesgo de electrocución para quienes cometen estos delitos es muy alto puesto que se trata de equipos de media tensión. Días atrás falleció un hombre mientras intentaba robar cables de cobre.

Guillermo Insúa
diarioelnorte@diarioelnorte.com.ar

El mundo del delito supone determinados riesgos. Aunque en el caso de robos de transformadores eléctricos y cables de cobre la exposición al peligro de vida es tan alta que hace más difícil entender cómo un delincuente juega a la ruleta rusa en su afán de sustraer un metal que tiene cierta cotización en el mercado negro.

La creciente ola de robos de transformadores de media tensión y tendido de cables que se denuncia en San Nicolás parece ir en contra del precepto que asegura que el mayor valor que tiene un hombre es su propia vida. Básicamente porque el riesgo de morir en el intento es verdaderamente alto.

La mayoría de estos hechos delictivos se producen, según pudo averiguar EL NORTE, en zonas rurales. Allí donde no hay cámaras de seguridad y se puede «trabajar» tranquilo. Varios productores vienen denunciando estos ilícitos en virtud de que toda vez que ocurren se ven afectados por el corte del servicio, que puede durar varias horas puesto que requiere la instalación de nuevos y costosos equipos. Se estima que el costo de un transformador eléctrico de media tensión ronda los US$ 4.000. Pero la afectación económica no es sólo para la empresa distribuidora de energía sino también para los propios trabajadores del campo que necesitan de la energía eléctrica para producir.

Se han sustraído transformadores en Pellegrini al 2200, el de Dámaso Valdés y San Juan, en el Camino Molina al 3800, en Autopista y proyección de calle San Juan, en Hermeguildo Córdova al 3000, en San José al 1300, entre otros puntos alejados del casco urbano.

Los hechos suelen ocurrir durante la madrugada, cuando hay menos movimientoy, además, hay menos posibilidad de que se advierta inmediatamente el corte de energía resultante de la vandalización.

Esta modalidad delictiva, capaz de alimentar un importante mercado negro con fácil disponibilidad de dinero, incluye la intervención de tres sectores bien diferenciados. Primero, los sujetos encargados de la sustracción del material del tendido de cables. Luego, los responsables de las distintas chatarrerías que operan como comercios legales y que compran en el mercado negro el material robado y lo almacenan. Y, finalmente, las fundiciones, talleres donde a través de procesos metalúrgicos específicos se separa el cobre del aislante que lo contiene para su posterior venta.

Creciente

Este tipo de robos marcan una tendencia en los delitos que se están cometiendo en los meses de pandemia. De ahí que, según pudo saber este diario, las autoridades de EDEN  estarían en contacto con el Gobierno local y fuerzas de seguridad con el objeto de generar acciones preventivas que desalienten esta clase de ilícitos.

Algunos delincuentes utilizan elementos relativamente precarios para cometer los delitos, pero también hay otros que usan herramientas costosas como amoladores portátiles y a baterías.

Luego del robo de energía por conexiones clandestinas, el mayor costo económico para las empresas distribuidoras son los transformadores y el equipamiento. El robo de cables de media tensión, que son los que transportan más volumen de energía y por lo tanto contienen metales que se pagan más caro en el mercado negro, también crece en San Nicolás.

El cobre es un metal casi precioso para la industria: maleable, versátil, durable, antimicrobiano, reciclable y excelente conductor de la electricidad.

Durante el año pasado, el precio del cobre subió un 25 por ciento, de acuerdo a publicaciones relacionadas con la industria metalúrgica. Internacionalmente cotiza 7.800 dólares por tonelada. En los corralones que compran metales se puede pagar hasta 600 pesos el kilo.

De ahí que para reducir la incidencia de este delito no alcanza con detener a quienes se suben a los postes a cortar el cableado o bajar transformadores. También es preciso desbaratar los lugares donde se acopiaban cables.