Nación despidió al 85% de las trabajadoras del área contra la Violencia de Género: quedan solo dos en atención de la Línea 144

El ex Ministerio de la Mujer tenía una nómina de 1100 empleados de los que fueron desvinculados 240 en la primera gran tanda aplicada por el oficialismo y otros 685 en los últimos días. Las medidas son repudiadas por diversas organizaciones -algunas de las cuales presentaron una demanda colectiva- al mismo tiempo que ponen en tela de juicio el compromiso de Argentina con los convenios internacionales.

De la Redacción de EL NORTE
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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció a través de redes sociales la reducción significativa del personal del ex Ministerio de la Mujer, afirmando que el 85% de los empleados fueron despedidos. Precisamente en X @m_cuneolibarona anunció como un triunfo de la gestión: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”.

Un grupo de trabajadoras recibieron las notificaciones el 28 de junio pasado. El Gobierno nacional le notificó que a partir del primero del mes siguiente no les renovará el contrato.
El ex Ministerio tenía una nómina de 1100 empleados de los que fueron desvinculados 240 en la primera gran tanda de despidos aplicada por el oficialismo y otros 685 en los últimos días. Para una “tercera etapa” (dentro de tres meses) ya se anticipó que se planea despedir al resto. El Ministerio de Justicia absorbió las responsabilidades del ex Ministerio de la Mujer en mayo, tras un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano.

SIN GARANTÍA DE CONTINUIDAD

“Es imposible garantizar la continuidad de la línea 144, creada a fin de dar cumplimiento a la Ley 26.485 de Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las mujeres en ámbitos interpersonales”, dice el comunicado de las trabajadoras que consideran que los despidos se producen de una forma violenta, y advierten sobre las consecuencias de la decisión. Puntualmente hace referencia al funcionamiento de la línea que atiende llamados de todo el país. A veces, señalan, las estadísticas enfrían una experiencia que está cerca de las llamadas: la escucha y el asesoramiento a personas en situación de violencia.

La gacetilla del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad denuncia que también el Equipo interdisciplinario de la Dirección de Abordaje Integral de Casos de Femicidios, Travesiticidios, Transfeminicidios y Delitos contra la integridad sexual queda reducido a dos trabajadoras. Esta área es clave para la reparación económica para hijos e hijas de femicidios.

La Línea 144, establecida para cumplir con la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, anteriormente contaba con un equipo interdisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que atendieron más de un millón de consultas.

Entre las despedidas hay una trabajadora trans. “Armé todo el sistema de estadística y me echaron. Ya tengo 53 años, la subsistencia para nosotras las mujeres trans es muy complicado cuando terminamos en la calle”, contó Romina Guadagnini, ingeniera en telecomunicaciones y sistemas despedida de la Línea 144.

REPUDIO Y DEMANDA COLECTIVA

Desde La Libertad Avanza ya habían adelantado la intención de modificar y eliminar programas enfocados en promover la equidad de género y la diversidad.
Las medidas son repudiadas por diversas organizaciones al mismo tiempo que ponen en tela de juicio el compromiso de Argentina con los convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará).

Organizaciones como el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) realizaron una presentación judicial colectiva exigiéndole al Gobierno que explique cómo va a dar “cumplimiento a las obligaciones legales en materia de violencias; cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la Justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina ha adherido”. La demanda, que “busca establecer la responsabilidad del Estado nacional frente a su obligación de garantizar condiciones para la protección de las niñas y mujeres”, quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, del juez Enrique Alonso Regueira. Y concluye: “El desmantelamiento de estas políticas sólo puede resultar en un recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia”.

El recurso se presentó en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para exhortar al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a que aclaren “el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia”.

FEMICIDIOS EN CRECIMIENTO

Estas acciones dejan más abandonadas a las víctimas, en un contexto en el que los femicidios superaron en lo que va del año la barrera de los 100. Desde la organización feminista MuMaLá, advirtieron que “las medidas de Milei multiplicarán los femicidios en Argentina”.

Según el informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias y Derechos”, entre el 1° de enero al 29 de junio de 2024 hubo 106 femicidios, entre los cuales hay tres trans travesticidios y también se cuenta el triple lesbicidio de Barracas; 255 intentos de femicidios, siete muertes violentas asociadas al género (robos, etc.) y 15 en investigación.

“Con la eliminación definitiva del organismo, las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género”, advirtió Luci Cavallero del colectivo Ni Una Menos.

PANORAMA BONAERENSE

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense Estala Díaz repudió el ajuste del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la provincia de Buenos Aires fortalecerá las políticas de prevención para atender la mayor demanda. “El vaciamiento de la línea 144 deja en indefensión a mujeres que corren riesgo de vida”, sostuvo.

La funcionaria señaló que están trabajando con urgencia sobre este tema ya que la línea 144 nacional recibía la mitad de la atención de población bonaerense, del primer y segundo cordón del conurbano, por la ubicación de las antenas.

“Nosotros tenemos la propia línea autónoma, pero teníamos articulación. Ahora estamos trabajando muy fuerte para poder atender a todas las bonaerenses, porque no tenemos garantía de continuidad de la línea nacional”, dijo Díaz.