Los padres de Micaela García piden que no se cambie la ley que propone capacitación obligatoria en género

Los padres de Micaela García y los miembros de la fundación que lleva su nombre, piden que no se modifique la Ley Micaela. Es que la denominada Ley Ómnibus que envió al Congreso el presidente Javier Milei establece modificaciones en seis artículos de la normativa que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género y prevención de las violencias al personal de la administración pública de los tres poderes.

Cabe aclarar que la norma fue sancionada en 2018 en el Congreso con 230 votos a favor y sólo uno en contra y que todas las provincias argentinas han adherido a la normativa.

En primer lugar, se modificaría la cuestión de que todos los agentes del Estado se capaciten en perspectiva de género y prevención de las violencias.

El artículo 1 de la ley Micaela, de aprobarse la Ley Ómnibus, quedaría así: “Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia.”

“Muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (policías, agentes judiciales, etc.). Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia”, señalaron desde la Fundación Micaela García, La Negra.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

El artículo aún vigente de la Ley Micaela dice: “Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

“Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas ‘…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia’, y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes”, resaltaron en la comunicación.

La Ley Micaela (N° 27.499) “se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran”, continúan.

En este sentido, resaltan que por ejemplo, los funcionarios relacionados al caso de Micaela no eran parte de organismos competentes en la materia. “El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años”, recordaron.

PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS

A su vez, en el comunicado se resalta la distinción que se hace en el artículo primero de la Ley Micaela García: “no es lo mismo la violencia familiar que la violencia por motivos de género”.

“En estos cinco años hemos dedicado nuestras vidas a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza”, dijeron Andrea y Néstor, mamá y papá de Micaela.

“Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias”, afirmaron y agregaron: “Todas las fuerzas políticas acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.