El trabajo en casas particulares: entre el poco reconocimiento y los altos niveles de informalidad

“Somos muy necesarias en el mundo pero tan poco valoradas que tenemos que trabajar por una canasta diaria. No llegamos a mantener nuestra casa (…) Sin nosotras no se mueve el mundo. Para no ser ‘esclavas’, decimos ‘no al trabajo en negro’”, sostuvo en diálogo con EL NORTE la referente del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de San Nicolás, Carmen González.

De la Redacción de EL NORTE
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En 2013 se sancionó la Ley N° 26.844 que estableció un piso de derechos y obligaciones para las trabajadoras de casas particulares y sus empleadores, que incluyó vacaciones pagas, aguinaldo, días por enfermedad y seguro de riesgo. Se trataba de avances en un sector tan postergado como el de la economía de los cuidados. Sin embargo, desde que asumió la nueva gestión del Gobierno nacional, una serie de políticas perjudicaron especialmente a estas empleadas que se desempeñan en el rubro que cuenta con el mayor porcentaje de trabajo informal en las mujeres. EL NORTE dialogó con la referente del Sindicato de Empleadas de Casas de Familia de San Nicolás, Carmen González.

En Argentina el 70% de las trabajadoras de casas particulares no están registradas, no tienen acceso a los derechos laborales ni a la seguridad social. Hay 1.200.000 trabajadoras de casas particulares de las cuales 700.000 están en la informalidad.

Además, este trabajo implica una gran porción dentro de la economía informal del país. Según un informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género, si se registrara al total de trabajadoras, la tasa de informalidad de la economía se reduciría 6,7 puntos.

Invisibilización y necesidades

El trabajo en casas particulares fue históricamente invisibilizado y la falta de inscripción en el sistema tributario profundiza las dificultades y deja expuestas a las trabajadoras. Generalmente, las tareas de cuidado aún no son entendidas como trabajo.
Las trabajadoras que no están registradas están en desventaja a la hora de acceder al sistema de salud, no tienen seguro de riesgo del trabajo y, fundamentalmente, no se pueden jubilar. “Entre los puntos de la Ley 26.844 de las Empleadas de Casas de Familia –que los empleadores no cumplen– se encuentra la formalización porque dicen que es un ‘gasto’ más aparte del sueldo que nos tienen que pagar. Al registrarnos, no les descuentan el Impuesto a las Ganancias, pero ni siquiera con ese beneficio sucede. Otro tema es el del viático, que el empleador debe pagar. Al estar registradas, presentando el recibo de sueldo nos registran en la SUBE y accedemos al 50 por ciento”, indicó González.

La gremialista de nuestra ciudad observó al mismo tiempo que en cuanto a los cambios a la ley de jubilación, el Gobierno ahora eliminó la moratoria, y que las mujeres y hombres que están en ese contrato de trabajo –que son los de mantenimiento de parquizado o caseros– con suerte se van a jubilar a los 65 años con el haber inicial mínimo del 80 por ciento.

“Acá el punto fundamental es que los empleadores deben registrar a las trabajadoras en tiempo y forma, por la ART, los aportes y la obra social, y para que cuando les llegue la edad de jubilarse puedan hacerlo”, marcó.

Incumplimientos y desfavorabilidad

La referida legislación que establece el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares fue un gran avance y otros países la tomaron como ejemplo para sus propias normativas. Sin embargo, no se cumple completamente. Hay muchos artículos que no están reglamentados. El trabajo hasta 24 horas semanales se paga por hora, pero al pasarlas, se debe pagar de forma mensual. No siempre se aplica de este modo.

A estas dificultades, se suma la de ser migrante, en algunos casos. Si bien la ley establece derechos para todas las trabajadoras, sean del país o no, la falta de información y de cumplimiento de la normativa las deja expuestas a la voluntad individual.
Además, las urgencias de lo cotidiano terminan llevando a muchas trabajadoras a aceptar condiciones desfavorables.

También está el problema de la distancia con lo digital, muchas mujeres de este sector no saben cómo buscar en Google o cómo hacer una transferencia, lo que impide en cuanto a lo laboral informarse sobre sus derechos o controlar que los aportes se estén haciendo efectivos. “La importancia de capacitar en lo digital y generar programas para terminar el primario o secundario son centrales para que las trabajadoras tengan más herramientas, puedan autogestionarse y pedir lo que les corresponde”, sostienen en un informe del sitio Feminacida sobre esta problemática y sobre la informalidad en el sector.

Ganancias, medidas y reclamos

La deducción de Ganancias en 2005 logró que se registrara a muchas trabajadoras, sobre todo en la clase más alta. Además, la AFIP mandó intimaciones a familias de altos ingresos. El ahora desarticulado Ministerio de las Mujeres tuvo que ver en la elaboración de este tipo de políticas.

En los pocos meses que el programa tuvo publicidad y se dio a conocer, se duplicó la tasa de registro mensual en la AFIP, con 40.000 trabajadoras registradas. Sin embargo, esta política pública se descontinuó cuando asumió Javier Milei.
Según el informe “La cocina del cuidado”, del Centro de Estudios Legales y Sociales, más de la mitad de las políticas de cuidado fueron desmanteladas: de 43 políticas de alcance nacional, 21 ya fueron eliminadas, 15 están en estado de alerta y solo permanecen siete. Además, el DNU 70/2023 del Presidente de la Nación derogó el artículo 50 de la Ley N° 26.844 que penaba con multas a los empleadores que no registraran a sus trabajadoras, contribuyendo así el trabajo informal.

El Sindicato reclama que no pueden discutir los últimos aumentos porque el Estado nacional no los homologa. Tampoco figuran en la AFIP, donde los empleadores consultan para pagar los sueldos. Así, muchas trabajadoras continúan cobrando el mismo sueldo de diciembre en un contexto de devaluación del 118% e inflación de 68% en tres meses.

“La CTA Autónoma reclama por estas problemáticas. El Gobierno perjudica a nuestro sector que con tanta lucha ha logrado leyes, que ahora quiere eliminar. Somos muy necesarias en el mundo pero tan poco valoradas que tenemos que trabajar por una canasta diaria. No llegamos a mantener nuestra casa con un sueldo mínimo vital y móvil, el más bajo de todos los trabajadores. Sin nosotras no se mueve el mundo. Las cuidadoras de personas adultas, niñeras, las trabajadoras de tareas generales, los caseros. El trabajo en blanco nos reconoce y hace que cobremos tal cual lo establece la ley. Para no ser ‘esclavas’, decimos ‘no al trabajo en negro’”, concluyó González.