miércoles, 27 noviembre, 2024
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El activismo consideró ´histórica´ la sentencia que ordenó al gobierno de CABA facilitar acceso a la vivienda a personas trans

EL MATERIAL PROBATORIO, EL DICTAMEN Y LA INSISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES LGBTIQ+ FUERON CLAVES EN LA DECISIÓN

El Poder Judicial porteño, ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que presente en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad.

De la Redacción de EL NORTE
diarias@diarioelnorte.com.ar

El activismo consideró “histórica” una sentencia emitida por el Poder Judicial porteño, que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentar en el plazo de 90 días un programa habitacional para personas trans. Además, lo instó a realizar un relevamiento de esta población que reside en la ciudad. El material probatorio, un dictamen de 65 páginas del fiscal Juan Octavio Gauna y la insistencia de las organizaciones LGBTIQ+ fueron claves en la decisión.

Se trata de un fallo de la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo. Fue firmado por los jueces Horacio Guillermo Aníbal Corti y Hugo Ricardo Zuleta, con el voto disidente de la jueza Gabriela Seijas.

“Los programas habitacionales del GCBA no contemplan las dificultades del colectivo actor para acceder a ellos, lo que ocasiona que dichas políticas no resulten adecuadas y no brinden un umbral mínimo de garantías exigible al Estado local”, asegura el escrito.

DEMANDA COLECTIVA

Desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Defensoría LGBT celebraron la sentencia. “Luego de unos años de batalla judicial logramos esta sentencia de Cámara que ordena al Gobierno de la Ciudad a desarrollar un plan habitacional para las personas trans en la Ciudad de Buenos Aires”, expresó, en diálogo con la agencia Presentes, María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La causa inició en 2018 a partir de un amparo presentado por el Defensor oficial de primera instancia y la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) contra el GCBA para obtener un alojamiento adecuado. El proceso se transformó en una demanda colectiva a partir de una decisión del juez Roberto Gallardo. Así se adhirieron la FALGBT y la Defensoría LGBT, mientras la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos fue admitida como amicus curiae.

En aquella ocasión el gobierno porteño rechazó la demanda y luego, en agosto de 2022 el doctor Martín Converset rechazó la acción de amparo. Frente a esto, el Ministerio Público de la Defensa, la FALGBT y la Defensoría LGBT apelaron.

DESAMPARO DE UNA POBLACIÓN

“(Las personas trans) en situación de vulnerabilidad que residen en la Ciudad no consiguen créditos hipotecarios del Instituto de la Vivienda local (IVC), al no contar con los ingresos estables exigidos, sin calificar tampoco dentro del esquema de prioridades estipulado por dicha autoridad que promueve el beneficio para las familias con hijos y personas con discapacidad”, sostuvo Gauna. Además, advirtió que no hay datos oficiales sobre la población trans en el distrito.

Al ser consultada por la agencia Presentes, Pamela Malewicz, subsecretaria de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del gobierno porteño, dijo: “Somos conscientes del problema habitacional que en la actualidad sufren las personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires”. También reconoció que “la población trans ha experimentado históricamente un perjuicio significativo en cuanto a la cuestión habitacional”.

En este sentido compartió que la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría articula con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño para “dar una respuesta inmediata a la demanda espontánea de refugio” en los paradores para personas en situación de calle o situaciones de violencia. Y señaló que este trabajo “no se centra únicamente en la respuesta inmediata a la emergencia”, sino “en el acceso a derechos de las personas trans para mejorar las perspectivas a largo plazo”.

A lo largo de su dictamen, el fiscal Gauna había advertido sobre la política de hogares y paradores que ofrece el GCBA. “Incluso limitando el examen a aquellos donde se admiten con un cupo a personas trans y travestis, no es adecuada al no representar una solución sostenible. Son ámbitos donde la intimidad de las personas no está debidamente resguardada, prevén estadías temporarias y la permanencia durante el día es excepcional”, sostuvo.