Casi el 5% de las adolescentes menores de 18 años del país están casadas o en situación de convivencia con varones mayores

Estos casos configuran una violación a los derechos humanos, según la ONU. El Gran Chaco encabeza la nómina, de acuerdo a un reciente informe de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim). Las mayores tasas de frecuencias se encuentran en las regiones del NEA y del NOA, luego en la región centro y patagónica argentina.

De la Redacción de EL NORTE
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Casi el 5% de las mujeres adolescentes menores de 18 años del país están casadas o en situación de convivencia con hombres mayores que ellas, lo que configura para las Naciones Unidas (ONU) una violación de los derechos humanos de las jóvenes, advirtió ayer la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (Feim).
“Se piensa que es algo que ocurre en países de África o Asia, pero en nuestro país el 4,7% de las niñas se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años. Tenemos que visibilizar el problema del matrimonio infantil porque es un fenómeno de violencia contra esas niñas y adolescentes que se está naturalizando”, planteó Cecilia Correa, secretaria del Comité Directivo de Feim.
Según esta organización, las mayores tasas de frecuencias se encuentran en las regiones del NEA y del NOA, luego en la región centro y patagónica del país.

PROVINCIAS

Las provincias que forman parte del Gran Chaco como Misiones, Chaco y Formosa superan el promedio nacional seguidas por Santa Fe y Entre Ríos que tienen 5,4%, sigue Corrientes con 5,3%, al igual que Santiago del Estero; luego Salta con 5% y La Rioja con 4,9%.
En el país hay 132.398 adolescentes de entre 14 y 18 años que se encuentran unidas en matrimonios en registros oficiales. Sin embargo, también hay más chicas que se encuentran en uniones informales de los que no se tiene registro, por lo cual el número es aún mayor.

SIN DISMINUCIÓN EN DOS DÉCADAS

En un informe de agosto de 2022, Unicef calculó que unas 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo se habían casado antes de cumplir los 18 años para el 2021.
La región que registra una mayor prevalencia de matrimonios infantiles, precoces y forzados es África Subsahariana, donde el 34% de las mujeres se casaron antes de cumplir los 18 años.

Naciones Unidas destacó que en el mundo “se han logrado importantes avances en la reducción del matrimonio infantil, precoz y forzado durante los últimos 25 años”, aunque América latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido durante al menos dos décadas. Y la región también registra una alta prevalencia de embarazos en la infancia y adolescencia.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

“El matrimonio infantil, precoz y forzado es una violación de los derechos humanos que tiene su origen en las desigualdades de género y las normas sociales y culturales discriminatorias que consideran a las mujeres y las niñas inferiores a los hombres y los niños”, aseguró Naciones Unidas en el informe, y agregó que la pandemia profundizó el problema porque las familias económicamente vulnerables han llegado a recurrir al matrimonio para recibir un beneficio económico.

Los especialistas explicaron que el matrimonio infantil es siempre forzado ya que las niñas son demasiado jóvenes para encontrarse psicológicamente preparadas para tomar esta decisión. “La mayor parte de las niñas que viven en matrimonio dejan la escuela, también se multiplican las situaciones de violencia y los embarazos adolescentes. Tenemos que pensar en el marco de los derechos humanos de esas niñas”, sostuvo Correa.

NECESIDAD DE POLÍTICAS, CONTROL Y ESI

La integrante de Feim aclaró que los valores culturales y la naturalización del matrimonio o convivencia de niñas con hombres adultos son una de las características principales del problema, y que “ciertas religiones más fundamentalistas asocian el inicio sexual con el casamiento”.

Carolina García González, coordinadora de Informes Internacionales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, explicó que para contrarrestar el problema “las políticas tienen que ser sobre todo locales. Se da mucho en comunidades indígenas o en espacios rurales. La legislación ya está, pero necesitamos políticas en el terreno, provinciales o municipales, que estén controlando”.

“Se tiene que implementar más la Educación Sexual Integral (ESI) para que las chicas conozcan sus derechos”, afirmó García González, y lamentó que estas chicas “no tengan acceso a la protección de sus derechos porque ni siquiera los conocen”.