Villa Constitución: proyecto en el Concejo rechazando la emergencia previsional provincial

Borgatta y Rubicini presentaron un proyecto en el que manifiestan el rechazo firme a la declaración propuesta por el Gobierno de Santa Fe. “La deuda que Nación mantiene con Provincia es la principal herramienta de saneamiento financiero de la Caja, no el ajuste de haberes de jubilados y trabajadores”, aseveraron.

A finales de agosto, el Gobierno provincial presentó el Proyecto de Ley registrado bajo Mensaje Nº 5115, que declara la Emergencia del Régimen Previsional de los Empleados Públicos y funcionarios de la Provincia de Santa Fe regulados en la Ley Nº 6915 y modificatorias; de la Ley Nº 11530 y sus modificatorias del Personal Policial, Penitenciario e IAPIP; y de la Ley Nº 12464 del Régimen Opcional Docente.

En el Concejo local, Alejandrina Borgatta y Nicolás Rubicini (bloque Unión por la Patria), presentaron un proyecto de resolución acompañando los reclamos de los diferentes sectores involucrados en rechazo a la emergencia que pretenden declarar y que ya obtuvo media sanción en Senadores el jueves pasado. 

“Según el proyecto impulsado por el propio gobernador, la Caja de Jubilados y Pensionados de Santa Fe a fin de año alcanzaría un déficit de 400 mil millones de pesos, y según su secretario provincial de Seguridad Social, Jorge Boasso, Nación mantiene con Provincia una deuda previsional de 800 mil millones de pesos, siendo esta la principal herramienta de saneamiento financiero de la caja, y no el empobrecimiento de haberes de pasivos y activos. Tampoco el retroceso de derechos laborales y previsionales conquistados”, comenzó diciendo Borgatta.

Entre las varias páginas de argumentación sobre porqué dicho expediente no cumple con los requerimientos para considerar una emergencia previsional la situación actual de la Caja, resaltó: “En primera instancia, consideramos fuera de contexto la declaración de emergencia en materia previsional. Por ejemplo, en la presentación oficial de los números consolidados de las finanzas provinciales durante el primer semestre de 2024, equivalen a un resultado positivo de 160.311 millones de pesos para la provincia de Santa Fe; y otra principal herramienta financiera es el reclamo de la deuda previsional de Nación con la Provincia, dejando claro que la principal herramienta de saneamiento financiero es el saldo de esta deuda”, dijo Borgatta.

Y agregó: “Ante los gravámenes que agrega, no se tratan de aportes solidarios, se trata lisa y llanamente de un ajuste feroz sobre los ingresos mensuales de los beneficiarios de la caja de jubilaciones y pensiones de la provincia, recortando derechos previsionales en el presente y en el futuro; así como sobre los haberes netos de los actuales aportantes que sostienen el sistema contributivo y el financiamiento intergeneracional, socavando el poder adquisitivo de todos ellos”. 

“Además, pretende modificar la movilidad, el cálculo del haber y el derecho a pensión, en el 70%, reduciéndolo al 60% en caso de comprobarse un solo derechohabiente; ataca el régimen opcional docente recortando derechos como el 2×1 y aumentos de haberes automáticos, así como el régimen policial, incrementando aportes que pasan al 20% de su remuneración”.

“En sí- continuó- son muchos más puntos que comprueban que intensifica la disparidad entre aportes mayores sobre haberes menores, tanto para trabajadores pasivos como activos. Que consideramos que el Gobernador elige recortar ingresos de jubilados, pensionados, trabajadores actuales, todo trabajador activo o pasivo de la Provincia, en lugar de reclamar al Gobierno Nacional los recursos que le corresponden a nuestra provincia por ley”. 

Borgatta concluyó su presentación dejando en claro que en su opinión la declaración de emergencia que pretende el gobernador no cumple varios objetivos “como la ausencia del contexto de Emergencia Financiera; la falta de adecuación de parámetros de equidad y de eficiencia en los objetivos de la seguridad social de garantizar haberes previsionales de calidad cuantitativa y no prioriza el reclamo del Poder Ejecutivo Provincial por la deuda previsional sostenida del Gobierno Nacional con Santa Fe, por sobre ajustes de los haberes de los trabajadores pasivos y activos”.