Ataque a la Sociedad Rural: hay dudas en la Justicia Federal sobre la vinculación del detenido

“No encajaría con el perfil”, indicaron sobre el sospechoso del atentado en la Sociedad Rural. De toda formas seguirá en prisión y se ordenó el secreto de sumario.

El juez federal Daniel Rafecas mantiene ciertas dudas sobre la vinculación del sospechoso detenido en las últimas horas y el ataque contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, pero de todas maneras seguirá detenido y dispuso el secreto de sumario en la causa.

Se trata de Alberto Santiago Soria, de 40 años, quien es señalado como el principal sospechoso del atentado. El detenido, de ocupación agente inmobiliario, fue aprehendido el viernes por la noche tras un allanamiento en su domicilio, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y Chivilcoy, en la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, para el magistrado hay ciertas dudas de que sea el sospechosos de haber enviado la carta que explotó en la sede de la Sociedad Rural. Fuentes judiciales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que en principio “la identidad del sospechoso y la autoridad intelectual no encajarían con el perfil”.

De hecho, este sábado el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, iba a encabezar una conferencia de prensa con el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, pero decidieron suspenderla.

Soria negó toda responsabilidad por el envío de un explosivo al presidente de la SRA, pero seguirá detenido, al tiempo que Rafecas ordenó el secreto de sumario en el expediente. Asimismo, pidió una serie de pericias sobre el material del explosivo, los perjuicios para las víctimas y los daños.

En relación al ataque contra Pino, mediante una carta explosiva que abrió la secretaria del dirigente rural, Pamela Sousa, y que “liberó una especie de humo o polvo blanco”, se tejieron varias hipótesis. Las primeras fueron atribuidas a un ataque de grupos veganos y de anarquistas, pero la primera de ellas fue desestimada rápidamente por los mismos directivos de la SRA.

“Ha habido algunos ataques con pintura y eso, creo que más bien desde el lado de los activistas veganos, ese tipo de cosas, pero este tipo de intimidación no”, aseguró el vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda.

Asimismo, añadió: “Yo descartaría que sean ellos porque en definitiva son activistas que necesitan pancartas, figurar, traspasar mensajes y esto no tiene nada que ver con eso. Es una conclusión apresurada, obviamente. No hay perspectiva hasta que no tengamos un poco más de datos fácticos de las autoridades; esperamos que se esclarezca lo más rápido posible”.

Otra de las hipótesis que surgieron en las últimas horas y que también analiza la SRA está relacionada con las molestias que el Gobierno expresó respecto de las posturas políticas de algunos dirigentes del sector, tras el revés que recibió el oficialismo ante el rechazo del DNU sobre los fondos de la SIDE.

“Es una de las conjeturas que corría ayer, pero es medio temprano para estar especulando”, afirmó Pereda. En relación a la investigación, llevada a cabo por la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, en coordinación con el Juzgado Federal número 7, se identificó a Soria.

Según fuentes policiales, su arresto fue posible gracias al análisis exhaustivo de cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del lugar del ataque, así como al rastreo de su trayecto
utilizando dos líneas de colectivos y el estudio de los usuarios de tarjetas SUBE.

Uno de los elementos clave para su identificación fue un análisis comparativo científico (antropo-spocométrico), que permitió cotejar tanto el rostro como la postura corporal del sospechoso con los registros obtenidos en las cámaras de seguridad. Este análisis arrojó un resultado positivo, lo que condujo a su detención.

Ese detalle ahora aparece como dudoso para Rafecas y estima que “no encajaría” con ese perfil. Soria, de 40 años, tiene un antecedente penal de 2017 por “amenazas antisemitas anónimas”. Esa causa judicial está en la Fiscalía Penal número 5 de la Ciudad, a cargo del Miguel Kessler.