Salarios: nuevo capítulo en la discusión entre la UOM y los empresarios

Este martes vence el cuarto intermedio decretado por el Gobierno en la negociación que el gremio de los metalúrgicos lleva a cabo con las cámaras del sector en el reclamo de un bono de 6000 pesos. Los empresarios ofrecen entre 3000 y 4000 pesos. Si no hay acuerdo, podrían definirse medidas de fuerza.

La Unión Obrera Metalúrgica viene llevando adelante audiencias virtuales con el sector empresario y el Ministerio de Trabajo, donde hasta el momento no hubo acuerdo por la recomposición salarial. Tras no haber acuerdo en la última reunión virtual, por pedido de la cartera laboral se pasó a un cuarto intermedio hasta hoy martes 18 de agosto. La cúpula de la UOM nacional pide la recomposición salarial mediante un bono no remunerativo hasta fin de año de 6000 pesos. El pedido tiene la particularidad que parte de los sueldos de agosto y pasa por alto que la paritaria 2019 venció en abril, es decir que admite que no habrá ajuste por el cuatrimestre precedente.

La respuesta empresaria, no obstante, fue insuficiente para la UOM al plantear pagos de sumas fijas de entre $ 3000 y $ 4000 pesos hasta diciembre. La discusión contó con la plana mayor de la UOM y representantes de las cámaras empresarias Adimra, Afarte (terminales electrónicas de Tierra del Fuego), Camima (pymes metalúrgicas), Caiama (aluminio) y Fedehogar (fabricantes de electrodomésticos).La discusión salarial es clave por tratarse del principal gremio de la industria, con peso suficiente como para marcar el sendero de otras negociaciones. Pero además, porque la falta de un acercamiento entre las partes traba la renovación del acuerdo de suspensiones vencido a fines de julio.En caso de que no haya acuerdo, hay una decisión tomada de la UOM nacional y acompañada por todas las seccionales de hacer una medida de fuerza debido a que consideran que se puede hacer frente al pedido. Puertas adentro, el gremio entiende que los empresarios no tendrían que estar discutiendo esto, sino otorgarlo, porque han tenido mucha ayuda por parte del Estado. En la UOM esperan tener una respuesta satisfactoria esta misma semana, ante la dificultad de poder negociar las paritarias del sector en forma normal. TensiónLa tensión entre el grupo Techint y el gremio de la UOM por los operarios suspendidos durante la pandemia se distendió un poco la semana pasada a partir de la participación directa de funcionarios al más alto nivel del Ejecutivo nacional.

Aún sin un acuerdo, el gremio desistió por el momento de iniciar medidas de acción directa como un corte del puente Zárate-Brazo Largo en tanto que el grupo que encabeza Paolo Rocca elevó su planteo inicial de pago de salarios para los licenciados, del 50 al 65 por ciento de los ingresos habituales. La puja, centralizada en la planta de Siderca en Campana, pero que se proyecta al resto de la actividad siderúrgica del grupo, escaló a principios de mes con el despido de 140 trabajadores de empresas tercerizadas por Tenaris, la filial que produce tubos para la actividad petrolera. Y hasta provocó ruido entre el Gobierno bonaerense, que recibió la primera denuncia de la UOM, y el nacional, que intervino a continuación. Esta semana se involucró de manera personal en el conflicto el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni, junto a su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Se trata de un conflicto con múltiples repercusiones. Por un lado, las acciones de Techint suelen tener un efecto dominó sobre otras ramas de la industria que tienen al grupo como referente ineludible. En tanto que la UOM atiende esa crisis en paralelo con la negociación con las cámaras empresarias del rubro metalúrgico para establecer un aumento salarial y un nuevo esquema de suspensiones masivas para los operarios eximidos de prestar tareas por la cuarentena.

En el Gobierno todavía está fresco el recuerdo del despido masivo que concretó Techint en los albores de la cuarentena sobre 1450 obreros de la construcción de tres provincias donde el grupo tenía emprendimientos en desarrollo. Esas cesantías terminaron avaladas por la cartera laboral nacional incluso después de que Alberto Fernández se refiriera indirectamente a Rocca cuando aludió a empresarios que actuaban como “miserables” en el contexto de la pandemia.