LA LEY MICAELA CUMPLE CUATRO AÑOS, PERO LA JUSTICIA SIGUE SIN DAR ALGUNAS RESPUESTAS SOBRE EL FEMICIDIO

En diciembre de 2018 se sancionó la Ley 27.499 que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

De la redacción de EL NORTE
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Se avanza en la aplicación pero no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo. “En la Corte Suprema de Justicia de la Nación pedimos que Néstor Pavón sea condenado por secuestro, violación y femicidio de Mica”, había manifestado Néstor García a EL NORTE.

La lucha por justicia de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, y su papá, Néstor “Yuyo” García, junto al resto de su familia, sus amigas y amigos, así como el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. El resultado fue la sanción –en diciembre de 2018– de la Ley 27.499, la ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Desde su sanción, ya adhirieron a la ley Micaela todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 500 municipios de todo el país. Dado que la norma alcanza al universo del personal del Estado, ya sean funcionarios o empleados, cualquiera sea su nivel, jerarquía o tipo de contratación, no es sencillo tener un mapa completo sobre su cumplimiento efectivo. Los familiares indican que “se va implementando pero no en la mayoría de los organismos públicos”.

‘Se podría haber evitado’

Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° de abril de 2017, en la localidad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero se encontraba en libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación.

“La Ley Micaela es capacitación, parece algo lejano de poder salvar una vida, pero nosotros estamos convencidos de que hubo al menos tres instancias en el proceso previo de lo que le sucedió a nuestra hija que podrían haber evitado la muerte de Micaela”, sostenía Néstor García ante la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, el 6 de mayo de 2020.

La joven entrerriana, a quien llamaban cariñosamente “la Negra”, era militante del Movimiento Evita y del Ni Una Menos, estudiante de Educación Física y oriunda de Concepción del Uruguay. Desde su femicidio, Yuyo y Andrea trabajan incansablemente para cambiar la realidad y cumplir algunos de los sueños de su hija, pero sobre todo, para sensibilizar sobre la temática y lograr que otras mujeres no pasen por lo mismo. Todo lo articulan desde la Fundación Micaela García “la Negra”, donde, junto a un grupo de voluntarias y voluntarios, realizan múltiples actividades de formación y labor social en territorio.

La causa a revisión
Si bien Wagner fue condenado a cadena perpetua en octubre de 2017, hay otros dos hombres que solo fueron juzgados y penados por encubrimiento. Por eso, para la familia, se hizo justicia “parcial”.

“Nosotros creemos que Néstor Pavón también participó de la violación y del femicidio. Hay elementos en la causa como para suponer esto. El mismo Wagner dice que él la violó, pero que el que la mató fue Pavón”, detalló García. Por eso, decidieron llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ). “Es la última instancia en el país que tenemos para apelar”, agregó.

En diálogo con EL NORTE, el padre de Micaela detalló: “Sí apelamos a la Cámara de Casación por Néstor Pavón, porque actuó más de una persona en todo el proceso. La Cámara pidió abrir un nuevo juicio porque tenía las mismas dudas que nosotros, y que planteaba la Fiscalía. Ese juicio nunca llegó a hacerse porque Pavón apeló y se dio lugar. Pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos que eleve la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pavón pidió la libertad condicional y se la dieron rápidamente. Demoraron un poco más en respondernos a nosotros. La causa debe llevar unos dos años en la Corte, y estamos esperando que resuelva. No tiene plazos para expedirse. Este año recién se envió el expediente completo desde Entre Ríos. Pedimos que Néstor Pavón sea condenado por secuestro, violación y femicidio de Mica, al igual que lo fue Sebastián Wagner. Estamos a la espera”.

“La Justicia tarda mucho tiempo en expedirse, tarda más cuando hay que condenar y menos para cerrar las causas o dejar en libertad a los posibles violadores y femicidas. Por otro lado, hay jueces que han dictado sentencia sin tener en cuenta la perspectiva de género, que han sido removidos de sus cargos. Si bien son pocos casos, hay una tendencia a revisar sentencias en este sentido que nos parece favorable”, concluyó.