SE TENSA EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE EN EL INTERIOR

Las empresas de colectivos nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtieron que no pueden cumplir la pauta salarial acordada con la UTA. El gremio, que quiere replicar para los trabajadores del interior del país la misma mejora que alcanzó para los de CABA ya había amenazado con recurrir a medidas de fuerza la semana pasada. Las empresas trasladan presión hacia el Gobierno.

De la redacción de EL NORTE
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Mediante un duro comunicado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) dio a conocer el estado crítico de las líneas de colectivos que prestan servicio y volvió a denunciar una “discriminación” de parte del Gobierno nacional a usuarios y prestadoras del interior del país. La reiterada y cada vez más enérgica advertencia de la federación empresarial que integra la empresa Vercelli Hnos, prestataria del servicio en San Nicolás, se da en el contexto de una exigencia de la Unión Tranviarios Automotor (UTA): el gremio que representa a los choferes de colectivo quiere alcanzar con la entidad la misma mejora salarial que semanas atrás logró con las empresas que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A modo de contexto, la Fatap remarcó que con la pandemia los ingresos de las empresas han caído al reducirse la carga de pasajeros actuales a un 60% con relación a los transportados en el año 2019, “mientras los costos se incrementan, al punto de que hoy no se puede afrontar la operación y mantenimiento, lo que incluye salarios, combustible, neumáticos, repuestos, etc.”.

La entidad fue terminante en su comunicado, al aseverar categóricamente que “el sector no puede pagar la paritaria reclamada por UTA”. La exigencia del gremio había incluso motivado una medida de fuerza prevista para el viernes de la semana pasada, que aunque finalmente no se concretó tampoco puede leerse como la superación del conflicto.

“El conflicto viene advirtiéndose desde hace años y se profundizó a partir de 2019, cuando comenzó a denunciarse la discriminación que ejerce el Gobierno nacional sobre el interior del país, al priorizar el AMBA con las transferencias al transporte. En concreto, el Estado nacional destina cada mes 17.500 millones de pesos al AMBA, donde la masa salarial es de 8.100 millones de pesos mensuales (46% de las transferencias recibidas). En contraste, en el interior del país se reciben 3500 millones de pesos mensuales y la masa salarial es de 4950 millones de pesos al mes. Por lo que las transferencias en el interior cubren solo un 70% de los salarios actuales y anteriores al reclamo de la UTA, y no suponen ninguna ayuda para el resto de los costos (combustible, mantenimiento de las unidades, etc.)”, indicó la Fatap.

“Sustentabilidad”

El sector reclama “medidas urgentes que garanticen su sustentabilidad para evitar el fin del servicio”. “Hoy en el interior ni siquiera cuentan con los recursos comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación en la última negociación paritaria con la UTA, según se especificara en el Acta Salarial de fecha 24/6/2021, donde se estableciera el aporte de fondos adicionales y complementarios al Fondo Compensador previsto por el Art. 72 de la Ley 27.591, como contrapartida insoslayable para la normal continuidad de las obligaciones salariales pactadas. Así, la crisis del sector comenzó en 2019 y se profundizó dramáticamente desde marzo de 2020 sin lograr hasta el momento la atención necesaria de parte del Ministerio de Transporte”, indicó la entidad que nuclea a las empresas que controlan líneas de transporte público en ciudades de todo el interior del país.

La “extraordinaria asimetría” en la asignación de recursos al sistema de transporte entre el AMBA y el interior del país, según aseveró la Fatap, reviste “especial gravedad” dado que “el transporte de pasajeros por ómnibus es el único medio masivo de transporte, ya que fuera del AMBA no se prestan servicios de subterráneos ni trenes urbanos”.

Añadió la entidad en su comunicado que “la injusticia de la situación se refleja con claridad en el hecho de que los usuarios del transporte del interior abonarán tarifas promedio de alrededor de entre $50 y $60, mientras que en el AMBA el máximo es de $22, desde hace más de 2 años (abril 2018), con un poder adquisitivo en las provincias similar y en muchos casos inferior”.

Por último, la Fatap se puso “a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia, para generar de modo muy urgente soluciones concretas para evitar afectar a los usuarios con la interrupción de los servicios y la destrucción de 33.000 puestos de trabajo”.